En Colombia, la infidelidad sigue siendo una de las causas más frecuentes de divorcio, pero su impacto en la división de bienes no siempre es como muchos imaginan. De acuerdo con la legislación vigente, cuando se disuelve el matrimonio también se debe liquidar la sociedad conyugal, lo que implica que los bienes adquiridos durante la unión se reparten en partes iguales, sin importar la causa del divorcio. Esto significa que incluso el cónyuge infiel mantiene su derecho al 50 % de los bienes comunes.
Sin embargo, la ley contempla ciertos matices. Si la conducta del cónyuge culpable ocasionó un menoscabo económico en el patrimonio familiar, este podría estar obligado a restituir el valor del daño causado. Un ejemplo podría ser el uso de recursos comunes para costear viajes, regalos o gastos relacionados con la relación extramatrimonial.
Otra consecuencia posible es la revocatoria de las donaciones que el cónyuge inocente haya hecho al culpable durante el matrimonio. Esta figura busca evitar que la persona que rompió el vínculo por su infidelidad se beneficie injustamente de aportes o transferencias realizadas en el pasado.
En cuanto a las obligaciones alimentarias, el Juez podría ordenar que el cónyuge infiel pague una cuota al inocente, siempre que se demuestre que existe dependencia económica o necesidad de apoyo. No obstante, esta medida no es automática y debe sustentarse con pruebas.
Respecto a los hijos, la infidelidad no influye en las responsabilidades parentales: ambos padres están obligados a contribuir a su manutención y bienestar, sin importar quién haya sido el responsable del divorcio. En conclusión, en Colombia la infidelidad no implica la pérdida automática de derechos patrimoniales, pero sí puede acarrear consecuencias económicas adicionales. Es por esto que antes de iniciar un proceso de divorcio bajo esta causal, es recomendable contar con asesoría jurídica que permita identificar las acciones legales pertinentes y proteger los intereses tanto patrimoniales como familiares.