Perder a un ser querido no solo trae dolor emocional, también despierta muchas preguntas prácticas: ¿qué pasa con la pensión? ¿quién puede reclamarla? ¿qué documentos necesito? Si alguna vez te has cuestionado esto, aquí encontrarás las respuestas de manera sencilla y clara.
¿Qué es la pensión de sobreviviente?
Imagina que las cotizaciones de una persona fueran como una red de seguridad. Cuando esa persona fallece, esa red no desaparece, sino que se traslada a quienes dependían de ella.
Esa es, en esencia, la pensión de sobreviviente: un ingreso mensual para los familiares más cercanos del trabajador o pensionado fallecido. Este derecho está regulado en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003.
¿Quiénes pueden recibirla?
La Ley 100 de 1993, artículos 46 y 47, modificados por la Ley 797 de 2003, define un orden de beneficiarios. En palabras simples, el derecho se concede de esta manera:
- El cónyuge o compañero(a) permanente: Si convivieron al menos cinco años antes del fallecimiento o si tuvieron hijos en común.
- Los hijos: Menores de 18 años; entre 18 y 25 años, si estudian y dependían económicamente; y de cualquier edad, si presentan una invalidez que les impida trabajar.
- Los padres: Solo en ausencia de cónyuge e hijos, siempre que dependieran económicamente del causante.
- Los hermanos inválidos: En último lugar, cuando no hay otros beneficiarios y existía dependencia económica.
Requisitos principales
- Si la persona ya era pensionada, basta con demostrar el parentesco y la dependencia económica.
- Si no era pensionada, debió cotizar al menos 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento (artículo 46 de la Ley 100 de 1993).
Documentos más comunes
- Registro civil de defunción.
- Documentos que acrediten parentesco (registros civiles de nacimiento y de matrimonio, etc.).
- Certificado de estudios, si se trata de hijos entre 18 y 25 años.
- Dictamen de invalidez, en caso de discapacidad.
- Evidencia de convivencia, cuando se trate de compañero o compañera permanente.
La pensión de sobreviviente no es un “favor” del sistema, es un derecho consagrado en la ley, pensado para proteger a las familias en los momentos más difíciles.