Mediante la Sentencia T-329 de 2022, la Corte Constitucional advirti\u00f3 que la protecci\u00f3n reforzada de las mujeres en estado de embarazo, opera con independencia de la alternativa laboral a trav\u00e9s de la cual se encuentre vinculada.<\/p>\n\n\n\n
El pronunciamiento fue realizado al estudiar la tutela que present\u00f3 una mujer contra la administraci\u00f3n de un municipio porque no fue renovado su contrato de prestaci\u00f3n de servicios, pese a que la accionante solicit\u00f3 la pr\u00f3rroga del mismo por encontrarse en estado de embarazo. La entidad neg\u00f3 su solicitud con el argumento de que la estabilidad laboral reforzada no significa una imposibilidad de concluir el v\u00ednculo jur\u00eddico o la permanencia indeterminada en el empleo.<\/p>\n\n\n\n
La Corte se\u00f1al\u00f3 nuevamente los tres elementos que permiten determinar la procedencia de la protecci\u00f3n forzada a la mujer gestante vinculada por medio de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios: que el contratante conozca el estado de gestaci\u00f3n, que el objeto del contrato persista, y que el empleador no cuente con el permiso del inspector del trabajo para dar por terminado el contrato.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, la Corte encontr\u00f3 acreditados los tres elementos en el presente caso y record\u00f3 que la protecci\u00f3n a las mujeres en estado de embarazo, est\u00e1 sustentada en el mandato de protecci\u00f3n y de prohibici\u00f3n general de la discriminaci\u00f3n, por lo que no se encuentra supeditada al tipo de vinculaci\u00f3n laboral.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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