Por sentencia C-099 del pasado 17 de marzo, la Corte Constitucional declar\u00f3 exequibles los Art\u00edculos 78, numeral 10, 85, numeral 1 y 173 del C\u00f3digo General del Proceso, que hab\u00edan sido demandados para que se declarara su inexequibilidad por considerarse violatorios del debido proceso al restringir de manera desproporcionada las oportunidades procesales de las partes para probar hechos. <\/p>\n\n\n\n
La Corte llev\u00f3 a cabo un test de proporcionalidad y concluy\u00f3 que: i) las normas acusadas se encuentran dentro de las llamadas cargas procesales y garantizan los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez; ii) los art\u00edculos demandados permiten organizar el desarrollo de un proceso judicial para que el mismo no resulte ca\u00f3tico, lo que contribuye a la realizaci\u00f3n del principio de igualdad dentro del proceso; y iii) dichas normas no son evidentemente desproporcionadas porque est\u00e1 justificada la afectaci\u00f3n de aquellos principios que promocionan la verdad como justicia, en favor de aquellos que promocionan la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia. <\/p>\n\n\n\n
La Corte concluy\u00f3 que, para encontrar la verdad dentro de un proceso judicial, es necesario que las partes cumplan con las cargas procesales que le corresponden. Por lo tanto, si una parte pierde la oportunidad procesal de aportar una prueba no se configura una afectaci\u00f3n desproporcionada del prop\u00f3sito constitucional del derecho a la prueba. Agreg\u00f3 que, si el juez no decreta una prueba con base en el incumplimiento de una carga procesal de una parte, ello no significa que se ha sacrificado el derecho sustancial por privilegiar las formas. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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