El Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley de reforma tributaria cuyo objeto principal es fortalecer las finanzas públicas, promover la equidad y apoyar la transición energética. De ser aprobado, implicará modificaciones sustanciales para personas naturales y jurídicas. Entre los aspectos más relevantes se destacan:
Ampliación del IVA: inclusión de nuevos bienes y servicios gravados (como combustibles, juegos de azar, licores y cervezas), así como incremento en las tarifas aplicables a determinados productos agrícolas y tecnológicos.
Modificaciones al impuesto sobre la renta: aumento de tarifas para personas y empresas con mayores ingresos, junto con la imposición de sobretasas a entidades financieras y al sector extractivo, condicionadas a la variación de los precios internacionales.
Impuesto al patrimonio: se establece para patrimonios superiores a 40.000 UVT, con tarifas progresivas.
Impuestos ambientales: se fortalecen el impuesto nacional al carbono y al consumo, con tarifas más altas y destinación específica a programas ambientales y sociales.
Impuesto especial a hidrocarburos y carbón: creación de un gravamen del 1% sobre la primera venta o exportación.
Regulación de activos digitales: introducción de nuevas obligaciones de reporte y cumplimiento tributario.
Fortalecimiento de la fiscalización: obligatoriedad de la facturación electrónica en más operaciones, imposición de límites a los pagos en efectivo y mayores sanciones por incumplimiento.
Incentivos fiscales verdes: beneficios tributarios dirigidos a proyectos de energías renovables y eficiencia energética.
Medidas transitorias: facilidades para la normalización de activos y mecanismos de pago de obligaciones tributarias en mora.
Este es un proyecto ambicioso que conjuga medidas de ajuste fiscal con estímulos en materia ambiental, pero que a su vez plantea retos significativos para la planeación financiera, tributaria y empresarial en 2025.