La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-323 de 2024, se pronunció sobre un tema de gran relevancia para el futuro del sistema judicial colombiano: el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las decisiones de los jueces.
El caso se originó porque un juez de tutela utilizó ChatGPT para complementar la argumentación de su fallo. Aunque la Corte concluyó que no se violó el derecho al debido proceso —ya que la decisión fue tomada por el juez antes de consultar la IA—, sí advirtió la necesidad de establecer reglas claras para evitar riesgos como sesgos, errores o falta de transparencia.
En su decisión, la Corte fijó principios orientadores que deberán guiar el uso de estas tecnologías en la Rama Judicial. Entre ellos se destacan:
- Transparencia: que los jueces informen cuándo y cómo usan las herramientas de IA.
- Responsabilidad: que el funcionario comprenda los alcances y límites de la herramienta.
- Privacidad: proteger los datos personales y sensibles de las personas.
- No sustitución de la racionalidad humana: las decisiones deben seguir siendo humanas, no de las máquinas.
- Prevención de riesgos: evitar errores, sesgos o desactualizaciones de la tecnología.
- Control humano y regulación ética: garantizar que siempre haya un juez detrás de la decisión.
Además, la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura elaborar una guía práctica para jueces y funcionarios judiciales sobre el uso de la IA y continuar con programas de capacitación en el tema.
Este pronunciamiento marcó un hito en Colombia, pues estableció las primeras pautas oficiales sobre cómo integrar herramientas de inteligencia artificial en la justicia, siempre bajo el respeto de los derechos fundamentales y la autonomía judicial.